La globalidad económica que encuentra en las
“marcas o logos” su expresión de identidad y
negocio, impulsa desde ya hace un tiempo
largo el posicionamiento de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
como estrategia de proyección y
reconocimiento sociocultural de las
actividades empresariales. Esta iniciativa
que no obedece a una estrategia unificada,
plantea, de entrada, una intencionada
diversidad de opciones que colocadas en el
mercado permiten acciones y respuestas
diferenciadas. Hay de todo como en botica:
mas de 100 códigos de conducta voluntarios,
expresados en manuales de buena gobernanza,
estatutos, declaraciones de principios,
etiquetas sociales, libro verde, pacto
global, inversiones éticas, triple cuenta de
resultados, indicadores sociales e
inversiones socialmente responsables.
¿Pero que hay detrás de la variada oferta de
opciones y posibilidades de RSE y cómo
impacta esto en las diferentes lecturas que
puedan hacer las organizaciones de
consumidores? ¿La RSE es marketing
corporativo o una nueva modalidad de
política social para el desarrollo? Este
documento pretende ser un disparador de
inquietudes para el encuentro de respuestas
desde las particularidades de cada
organización.
EL DISCURSO DE LA RSE
Como muchas propuestas del neoliberalismo,
la RSE es una invitación a buscar en la
participación democrática de los actores o
grupos de interés relacionados con la
empresa (stakeholders), la concreción de sus
aspiraciones sociales, articulándolos a los
objetivos del negocio corporativo.
La definición de categorías de análisis
abarca un rango bastante amplio, incluyendo
temas relacionados con valores,
transparencia, filantropía, derechos y
practicas laborales, gobierno y sociedad,
medio ambiente, proveedores, clientes y
lucha contra la corrupción. Los alcances de
estas categorías dentro del diseño de las
propuestas son diferentes en las varias
propuestas.
En materia laboral y ambiental se ha
avanzado en el diseño de indicadores y, de
hecho, los mayores desarrollos están en
estos temas: relaciones laborales, seguridad
industrial, formación/capacitación,
eliminación del trabajo infantil y trabajo
forzoso, practicas disciplinarias,
emisiones, vertimientos, residuos, energía,
agua y materiales, entre otros.
Algunas propuestas de códigos de conducta,
concretan las siguientes definiciones
básicas de la RSE:
- Como sinónimo de ciudadanía corporativa o
sostenibilidad empresarial; “Integración
voluntaria, por parte de las empresas, de
las preocupaciones sociales y
medioambientales en sus operaciones
comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores” (declaración de la Unión
Europea: Libro verde 2001, pág.7);
- “Adopción de principios y valores
compartidos que den un rostro humano al
mercado mundial (Global Compact)”;
- “Un instrumento posicionado de forma única
para promover los objetivos de la ciudadanía
corporativa global y la responsabilidad
social (Global Compact)”;
- “Elaboración de memorias de ciudadanía”,
“elaboración de memorias sociales”,
“elaboración de memorias de triple cuenta de
resultados”, y “dimensiones económica,
social y ambiental de la actuación de una
empresa” (Global Reporting Initiative);
- “Compromiso de las empresas de contribuir
al desarrollo económico sostenible,
trabajando con los empleados, sus familias,
la comunidad local y la sociedad en general
para mejorar su calidad de vida” (Consejo
Mundial para el Desarrollo Sostenible WBCSD);
- “Una visión de los negocios que incorpora
el respeto por los valores éticos, las
personas, las comunidades y el medio
ambiente” (Acción Empresarial - Chile).
LA RSE EN BLANCO Y NEGRO
El discurso de la RSE suena atractivo, pero
disuena frente a la real expresión de las
acciones que hoy implementan las empresas
para asumirse como socialmente responsables.
Si revisamos las variables que como
indicadores de impacto se trabajan desde los
códigos de conducta u otros instrumentos,
observamos que en su mayoría se refieren a
la medición del cumplimiento de los mínimos
de Ley, como ocurre principalmente en
materia laboral y ambiental, haciéndonos
conocer los resultados mediante una
estrategia de marketing social como si se
tratara de un producto de marca. O mejor,
incorporan los resultados a la imagen
empresarial, promocionándola como elemento
de competitividad. Pero en lo social, las
iniciativas de RSE tienen serias
limitaciones y no concretan referentes para
su evaluación, como pasa con salud y
seguridad del consumidor, políticas de
impacto comunitario, transparencia, derechos
humanos, minorías étnicas, género, creación
de empleo y apoyo a los jóvenes a través de
actividades de formación, principalmente.
La medición de los productos y servicios en
términos de cantidad, calidad, precio,
etiquetado, publicidad y competencia dentro
del contexto de las relaciones con el
consumidor, no aparecen claramente
definidas, entre otras cosas y sin ser la
razón fundamental, porque solo hasta ahora
las organizaciones de consumidores en
coordinación con las empresas empiezan a
plantearse la RSE en sus agendas de trabajo.
De otro lado, al proponer los contenidos de
“su” responsabilidad social, las
corporaciones tienen el buen cuidado de
generar los órganos de control para el
seguimiento y evaluación de los impactos de
sus actividades empresariales. La oferta ya
comienza a ser variada, mediante la creación
de auditorias sociales y agencias de
certificación, constituidas como negocios
privados que venden sus servicios a las
instituciones promotoras de los códigos de
conducta y a las empresas. O sea, quien
implementa los instrumentos de RSE, también
accede y paga por la gestión de medición y
control del cumplimiento de lo que
voluntariamente asume como compromiso
social.
En la practica, se desarrolla todo un
negocio alrededor de la RSE, que exige
inversión de capital y la utilización de
recursos técnicos que están fuera del
alcance de las Organizaciones de
Consumidores y en general de las
organizaciones sociales. ¿Dónde quedaron los
códigos voluntarios y controles que en su
momento establecieron empresas como Enron,
Worldcom y Parmalat, entre otras,
protagonistas de grandes escándalos
contables y financieros, ampliamente
publicitados?.
En este escenario surgen varias
inquietudes:
(a) La relación asimétrica entre el poder de
las empresas para diseñar, ejecutar y
concretar el monitoreo de su propuesta de
RSE; y la limitada capacidad política y
técnica de los consumidores y en general de
las organizaciones sociales, para formular,
monitorear y evaluar los indicadores de los
códigos de conducta.
(b) El referenciamiento (¿total o parcial?)
de los códigos voluntarios de conducta a los
mínimos de ley en materia laboral y
ambiental, principalmente, sin acometer
responsabilidades en el desarrollo social y
la superación de la pobreza, si entendemos
que las empresas, dentro del contexto de la
privatización de lo público, deben asumir
obligaciones que antes estaban en cabeza del
Estado. ¿Cómo transar la dicotomía entre
competitividad económica y justicia social?
(c) El limitado impacto político y social de
la filantropía, como estrategia de gestión
de la “inversión social empresarial”, la
mayoría de las veces estimulada por
beneficios tributarios y el voluntariado
social.
(d) La no-aplicación de estándares
internacionales en materia laboral y
ambiental que permitan homologar los
deprimidos salarios y las flexibilidades
técnicas de los países del tercer mundo.
(e) Los códigos de conducta se concretan
dentro del campo del “voluntariado
empresarial” o sea que no están sometidos
aun régimen regulatorio expresado en
instrumentos internacionales, normatividad
nacional o compromiso contractual que
permita su exigibilidad, además de no estar
sometidos a procesos de decisión democrática
¿entonces, cual es la instancia para exigir
el cumplimiento de los códigos de conducta?
¿Significa en la practica la negación del
Estado de Derecho como consecuencia de la
desregulación y flexibilidad propia del
modelo neoliberal?
(f) La estrategia de posicionamiento de la
RSE implica también la selección de los
socios o actores que participan en su
formulación, monitoreo y evaluación,
conservando la dirección de la empresa la
decisión de autorizar o no la implementación
de la RSE. Con esto, sé esta concretando, en
la practica, un modelo excluyente donde no
tienen cabida las organizaciones sociales o
políticas que no son parte del negocio
corporativo, subrayando la cultura de la
responsabilidad limitada de las empresas
que, por lo menos desde el discurso, busca
ser superada por la de responsabilidad
social.
(g) La transnacionalidad de las empresas
dentro del modelo de mercado abierto y
desregulado, no tiene como contrapartida el
establecimiento de controles de calidad
globales y la homologación de estándares de
producción, colocando en inferioridad de
condiciones las regulaciones de los países
del tercer mundo, cada vez mas flexibles
para facilitar la inversión de los capitales
financieros internacionales. Esto dificulta
la labor de control de las Organizaciones de
Consumidores.
¿CUÁL ES LA APUESTA SOCIAL DE LAS
EMPRESAS?
Las empresas siempre han tenido propósitos
sociales implícitos en el desarrollo de sus
objetivos económicos. De esto no hay duda,
si entendemos que su responsabilidad social
primaria tiene que ver con generar empleo y
producir los bienes y servicios que demanda
el desarrollo y bienestar de la sociedad.
Esta “obligación” se asume tanto en el
modelo del Estado Social de Derecho como en
la propuesta liberal clásica, con las
particularidades que les son propias.
¿Pero cual es la razón para que las empresas
quieran trascender esta “responsabilidad
social” que históricamente han asumido?
Seguramente caben varias razones, que van
desde la necesidad de replantear el negocio
corporativo (mirada económica), impactar el
modelo de desarrollo en crisis (enfoque
sociopolítico), hasta legitimarse con
acciones filantrópicas o de caridad
religiosa (conducta moralista).
¿Pero cómo conciliar el negocio corporativo
con el legítimo derecho de las empresas para
asumir una responsabilidad social amplia? La
respuesta la encontramos dentro de una
reinterpretación de lo que hoy es el modelo
de mercado, que insiste en un Estado mínimo
donde lo social se vincula a la lógica del
mercado. Entonces, desde el discurso
neoliberal, debemos y esperamos entender lo
siguiente:
(a) Que lo social, por ser de naturaleza de
lo público y por consiguiente de la
política, también es de competencia de las
empresas, lo cual se extrema ante el
desmonte del Estado Social de Derecho.
(b) Que la responsabilidad de lo social
dentro del contexto de la globalidad, la
debemos encontrar en la universalidad de los
derechos humanos.
(c) Que la universalidad implica para los
privados aceptar la existencia de contratos
sociales como complemento de los contratos
mercantiles.
(d) Que dentro de la esfera de lo público,
donde se ubica la acción social, las
empresas también asumen una responsabilidad
de formación de capital social.
Acercarnos a estas conclusiones es hablar de
una “responsabilidad empresarial en lo
social”, superando esa zona de penumbra que
hoy envuelve a una responsabilidad que se
queda en el ámbito de lo que le exige la ley
y la filantropía para instrumentar una
estrategia de marketing.
LAS ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES Y LA
RSE
La RSE esta llamada a tener un impacto
superior al que hoy le quieren asignar las
empresas y corporaciones, pero su proyección
depende de cómo la interpretemos y asumamos
dentro del contexto de la economía de
mercado: o es motor del desarrollo vinculada
a las políticas sociales, o la estacionamos
en los estrechos límites del marketing
social empresarial.
¿Pero de quien depende que haga el tránsito
a política social de desarrollo? En
principio de todos los actores, comenzando
por las empresas y corporaciones, pero en
general de todas las partes involucradas en
las relaciones de mercado y producción
social: Estado, trabajadores, consumidores,
comunidad, proveedores, sectores académicos,
la clase política y la sociedad civil. Se
trata de introducir en la RSE
consideraciones de democracia, equidad y
participación, legitimándola en su origen e
implementación.
Esto impone, desde luego, una
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES
DE CONSUMIDORES FRENTE AL DISCURSO DE LA RSE,
propiciando que la inclusión de lo que debe
ser esta política de responsabilidad en la
agenda de trabajo esté precedida de una
construcción discursiva / conceptual desde
el enfoque del CONSUMIDOR, para evitar
situaciones que comprometan éticamente a las
organizaciones o que con su participación
terminen legitimando políticas fundamentadas
únicamente en valores mercantiles.
Determinar los elementos argumentativos del
análisis que deben ambientar las
organizaciones de consumidores, responde mas
a la lógica de las realidades locales y
regionales, pues es en este entorno donde se
concreta la intervención empresarial. Sin
embargo, hay temas que surgen en el proceso
dialéctico de lo global y lo local que es
pertinente incluirlos en la reflexión:
(a) Desarrollo
(b) Pobreza
(c) Transnacionales
(d) Cantidad, calidad y precio
(e) Tratados de libre comercio
(f) Agencias multilaterales (OMC, FMI, BM)
(g) Migración y xenofobia
(h) Flujos financieros
(i) Evasión de impuestos
(j) Políticas laborales / estándares de
trabajo-mercado
(k) Hábitat
(l) Justicia
(m) Soberanía nacional y democracia
(n) Derechos humanos
El tema de la RSE en la agenda de las
organizaciones sociales es nuevo, pero en la
agenda internacional ya tiene un buen
kilometraje, desde que en 1955 (conferencia
de Baudung) el grupo de los países no
alineados comenzara a preguntarse por un
control público de las transnacionales . De
allí en adelante, Naciones Unidas, La Unión
Europea, la OIT, agencias de cooperación
internacional, ONG, entre otras, concretan
propuestas dentro de su órbita de
influencia. El denominador común: códigos
voluntarios; los elementos ausentes: la
participación social y la obligatoriedad de
los compromisos.
La RSE no ha sido hasta hora un tema de la
esfera pública. A las organizaciones de
consumidores, y en general a las
organizaciones sociales, les corresponde una
dura tarea para encausarla dentro de las
aspiraciones de promoción de los derechos
del consumidor (dentro del contexto de los
derechos humanos), imponiéndose la necesidad
de un movimiento social que, partiendo de
posiciones nacionales consensuadas,
desestimen negociaciones individuales,
convirtiéndose en interlocutores
cualificados de las empresas y del Estado,
este último el gran ausente en un tema que
como la RSE es de interés para la
gobernabilidad nacional.
La RSE es un tema político, o sea de
ejercicio de lo público, y sólo la acción
decidida de las organizaciones permitirá el
empoderamiento de los consumidores y la
construcción de alianzas con otros sectores
sociales y políticos. Es el momento de
movilizarnos para que la RSE sea una
política social para el desarrollo humano
sostenible.
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Yulfdm / CI / Santiago de Chile-verano de
2004.
Por YUL FRANCISCO DORADO MAZORRA
Febrero/2004
