Por Leonardo Glikin, Presidente de CAPS Asociación Civil, www.caps.org.ar.

No es casualidad que la película argentina más exitosa de los últimos tiempos, la que mejor ha representado al cine nacional en el mundo, narre una historia donde se muestra la corrupción de funcionarios judiciales y uno de sus efectos naturales, la llamada “justicia por mano propia”.

Si bien la película está ambientada en 1975, plantea una problemática absolutamente vigente, respecto de la cual todavía no empezó, siquiera, a esbozarse una solución.

Mientras el Presidente de la Corte Suprema de Justicia cree que las denuncias a los jueces por mal desempeño frente al Consejo de la Magistratura son una mera venganza de quienes están en desacuerdo con sus fallos, la sensación de quienes padecemos ciertos fallos judiciales es que, todavía, no son suficientemente denunciados, y que los malos funcionarios gozan de una inmunidad que les permite seguir dilatando las resoluciones, o dictando resoluciones manifiestamente erróneas, que denotan absoluta falta de interés por la función de administrar justicia.

Veamos algunos casos:
• Después de 25 años (sí, así como lo leyó, 25 años de juicio) una escribana es condenada por mala práctica profesional. El fallo se basa en que, en su momento, no solicitó los certificados de libre inhibición ante el Registro de la Propiedad Inmueble. Pues bien: esos certificados de libre inhibición, que según la sentencia no fueron requeridos, se encuentran en el expediente que la jueza tuvo a la vista para dictar su sentencia.
• Un canalla le quita la cobertura de obra social a la esposa, de la cual se está divorciando, pese a saber que ella ha enfermado de cáncer. El pedido de restitución de la cobertura merece la habilitación de la feria judicial de enero, porque el juez entiende que se trata de una situación urgente. Cuando se le da la oportunidad al marido para que conteste el pedido, éste lo hace fuera de término, pero como él no está de acuerdo con la manera como se contaron los plazos, apela. La esposa solicita que se tenga por presentado el escrito del futuro ex marido en término y que se resuelva la cuestión de fondo, dado que, diga lo que diga el escrito, el derecho de ella a la cobertura social es innegable. Sin embargo, el Juez se atiende a la formalidad, y, frente a la apelación formulada, envía el expediente a la Cámara de Apelaciones. Conclusión: la esposa (podemos llamarla, “la víctima”) debe someterse a una delicada operación en un hospital público, y enfrentar todos los costos de medicación, porque transcurridos tres meses, todavía no se decidió si aquel escrito se presentó en término o no.
• La Cámara Civil funda el supuesto abuso de uno de los litigantes contra la otra parte, sobre la base de afirmar que un contrato entre las partes no fue un acto libremente concertado, sino que ese contrato estaba redactado desde antes por uno de los litigantes. Sin embargo, la propia parte supuestamente perjudicada sostiene, en su demanda, que el contrato fue redactado en su presencia.

Un latiguillo que se repite en Tribunales es: “nadie lee”. Se refiere a que, pese a que todo el procedimiento es escrito, los funcionarios judiciales dictan sus resoluciones sin un apego mínimo a las constancias del expediente.

De esto poco se habla, dado que toda la atención periodística suele estar dirigida a los asuntos ligados al Poder. Pero la sensación de falta de justicia se forja en ámbitos más privados, normalmente, en los Tribunales civiles, comerciales y de familia.

Así como el Presidente de la Corte, en una defensa corporativa que no le corresponde, ha anunciado que habría de reunirse con autoridades nacionales y provinciales, y con los colegios profesionales, para que disminuyan las denuncias contra los jueces por mal desempeño de sus funciones, el Poder Ejecutivo anunció que va a proponer que los jueces deban someterse a exámenes de manera periódica.

Ninguna de ambas propuestas va a ayudar a mejorar la calidad de la Justicia, ni va a sacar a la sociedad de la sensación de denegación de justicia que actualmente padece.

El Presidente de la Corte debería aceptar que las denuncias contra jueces son un acto extremo frente al fracaso de la función judicial, frente a la comprobación de arbitrariedad o negligencia de funcionarios a los que la Constitución les garantiza la estabilidad.

El Poder Ejecutivo debería saber que la mayor parte de los fallos que atentan contra la garantía constitucional de debido proceso, y contra un elemental sentido de Justicia, son dictadas por Jueces que pasarían con holgura cualquier examen. Que ninguno de ellos actúa como lo hace por ignorante, sino por razones mucho más delicadas.

Propongo que la Corte Suprema de Justicia habilite un sitio de Internet para que todo profesional del Derecho, con su firma, pueda denunciar cada anomalía judicial, en cualquier instancia en que ocurra, y que el registro de éstas sea exhibido públicamente, ordenado por organismo judicial interviniente, y con derecho a réplica por parte de los magistrados involucrados.

La publicidad, y el eventual registro de reincidencias por parte de los magistrados incursos en conductas reprobables, puede ser el verdadero remedio a la grave situación planteada.

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